Finalmente, el peronismo retornó al poder
de la mano de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, una fórmula ideada
por esta última y montada sobre una nueva configuración de poder que se
cristalizó en la coalición electoral del Frente de Todos (FdT).
El nuevo capítulo se inicia dejando
atrás una experiencia inédita en la historia política del país: una coalición
de centro derecha que accedió al gobierno por las urnas, desarrolló un
experimento de gestión (validado en elecciones de medio término en 2017) y lo abandonó,
otra vez, por mandato popular, incluso conservando una importante potencia
electoral.
Es decir, las élites lograron expresar partidariamente sus intereses e identidades particulares. En Cambiemos, el poder concentrado (económico, mediático, judicial, geopolítico) encuentra canales eficaces para manifestar sus posiciones. Este último elemento explica el consenso de los analistas: la oposición política al peronismo en los próximos años será conducida por los actores pertenecientes a la coalición saliente (nada de Espert, nada de peronismo dialoguista, nada de radicalismo progresista). Así, Cambiemos se organiza alrededor de una etiqueta común, con chispazos frecuentes que surgen fruto la voluntad de preservar la identidad de las partes (PRO, UCR y CC), ahora ya sin un primus inter pares en el sillón de Rivadavia que ordene el espacio.
Es cierto, cualquier análisis que
excluya los efectos del coronavirus conllevaría una alta cuota de irrealidad. No
obstante, la pandemia parece estar dispuesta a modificar ciertas lógicas preexistentes
en el sistema político. Recordemos que los debates previos a la catástrofe
sanitaria giraban en torno a la relación entre radicales y amarillos -los
lilites esperando en la puerta- y la incógnita sobre la potencial figura sobre
la que se recostaría el espacio opositor.
Lo cierto es que la unidad de este frente
político de centro derecha se ve amenazada en el contexto del COVID-19. Quienes
están a la cabeza de ejecutivos (provinciales y municipales) enfrentan
múltiples dilemas para gobernar y tomar decisiones –a esta altura, las menos
dañinas-, con presupuestos en rojo y arriesgando capital político. Larreta,
Morales, Suárez y decenas de intendentes a lo largo del país son ejemplos
claros en esas filas.
En la otra vereda, las heridas de
octubre marcan a quienes todavía cuentan con respaldo en el núcleo duro
antiperonista y se posicionan de forma intransigente contra cualquier accionar
del Gobierno. Macri, Peña, Bullrich son reflejo de posturas más intransigentes.
El dato coyuntural es que la mesa multicolor (con Alberto, Cristina, Larreta y
Massa, Máximo y gobernadores opositores y oficialistas) conformada para
presentar la oferta formal a los acreedores privados, mete el dedo en la llaga
del elenco que endeudó exponencialmente a la Argentina.
La suerte del peronismo está
fuertemente condicionada fundamentalmente en dos aspectos. En primer lugar,
quizás el más complejo, su desempeño para dar respuesta a desafíos, económicos
y sanitarios, de una magnitud inusitada. El segundo está relacionado con la
oferta política. En ese sentido, tendrá un rol preponderante la capacidad para
armonizar las partes que componen el Frente de Todos. La oposición, por su
parte, deberá encontrar y defender un discurso lo suficientemente amplio para
aglutinar nuevamente a los sectores que le permitieron acceder al poder en
2015.
En efecto, estamos frente a un
escenario donde deberán convivir dos coaliciones opuestas -que tranquilamente
pueden ser ordenadas alrededor del eje izquierda-derecha (como le hubiera
gustado a Torcuato Di Tella)-, dinámica que refuerza el escenario polarizado de
los últimos tiempos.
El quinto elemento peronista
El peronismo es quizás el fenómeno
sociopolítico más controvertido, discutido, analizado, estereotipado y
complejizado de la historia argentina. Pero, además y fundamentalmente, el más
amado y odiado. Sin embargo, nadie duda que cada uno de los cuatro peronismos predecesores al actual
(1946-1955; 1973-1976; 1989-1999; 2003-2015) registraron una marca y una impronta.
Sucede que muchas veces estos procesos son analizados a la posteridad, con
hincapié en la direccionalidad que los protagonistas intentaron imprimieron a
sus gobiernos. En este ejercicio es posible perder de vista que los procesos de
gobierno tomaron color en el mismo momento de su ejecución, con marchas y
contramarchas para que, en un movimiento dialéctico, hicieran síntesis en sus
ismos más famosos: peronismo, menemismo, kirchnerismo. Veamos. Menem prometía
revolución productiva y salariazo, pero rápidamente la hiperinflación puso en
jaque un Estado con capacidades sumamente dañadas y abrió la puerta a los
intereses del gran capital transnacional. Modernización vía neoliberalismo o peronismo contra el Estado como señaló
Ricardo Sidicaro en su libro Los tres
peronismos. Pocas eran las cartas que se conocían de Néstor Kirchner en
2003, por lo que era difícil predecir la lucha por Memoria, Verdad y Justicia,
el posicionamiento soberano en las negociaciones de deuda, la construcción de
un frente político regional o la redistribución de la renta agraria iban a
figurar como sus banderas.
En síntesis, comiendo choris y
cantando la marchita es que las experiencias peronistas hacen camino al andar. Así, el albertismo
podría ser eso que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. O
quizás este nuevo peronismo ya no tenga las mismas características que lo
hicieron reconocible en cada momento de la historia. En principio, el liderazgo
más potente del movimiento ya no está restringido a la figura del Jefe del
Ejecutivo. Cristina, socia mayoritaria del Frente de Todos, tiene un peso
propio insoslayable. A continuación, se arrojan algunas líneas sobre lo que se
puede observar del nuevo ciclo político en la Argentina.
Las primeras medidas de Alberto
Fernández fueron en sintonía con la tradición peronista de intervenir en la
economía para atacar las desigualdades del mercado. Apuntaron a objetivos
concretos: inyectar dinero en los
sectores más vulnerables y golpeados por el macrismo (bono a trabajadores del
sector privado y jubilaciones mínimas, ampliación de medicamentos gratuitos,
congelamiento tarifario y de transporte), a cuidar el empleo (doble indemnización, licencias no automáticas,
reducción de la tasa de interés), sin
perjudicar en gran el déficit fiscal heredado (modificación de alícuotas
para exportación, congelamiento de la ley de actualización previsional). Lo que
el Presidente denomina parar la caída. Párrafo
aparte merece la implementación del Plan Nacional contra el Hambre y la Tarjeta
Alimentar, posicionando la problemática dentro de las preponderantes y más
urgentes para el nuevo gobierno.
La cuestión de la deuda emergió como
el principal problema en el corto plazo, al menos hasta la llegada del
COVID-19. Al respecto, el Presidente fue contundente al señalar que la
Argentina no puede hacer frente a los compromisos de deuda contraídos durante
el gobierno de Macri, bajo ningún punto de vista. En ese marco, el Gobierno
argentino desplegó canales con la alta política, logrando el apoyo por parte de
actores preponderantes en el frente interno (sector político, sindical,
empresarial, eclesiástico), como puertas afuera (líderes de las principales
economías del mundo, el FMI, del Papa Francisco, economistas y académicos de
renombre internacional).
Estos trazos gruesos resumen la visión
del gobierno sobre la economía, haciendo honor a la tradición de soberanía
política, independencia económica y justicia social. La pandemia del
coronavirus potencia la perspectiva de un Estado con rostro humano, lo que el
propio Presidente llama “el momento del
Estado” para contrastarlo con la hegemonía de la globalización financiera
de las últimas décadas. El interrogante surge al indagar sobre cómo será la
construcción y sostenibilidad del poder en el nuevo peronismo.
Acumulación post originaria
Así como Néstor Kirchner debió inflar su
poder después del escaso 22% en las generales de 2003, Alberto Fernández -parafraseando
lúdicamente uno de los conceptos más agudos de Marx- transita actualmente su proceso
de acumulación política originaria. Claro está que, a diferencia de su mentor,
el Presidente obtuvo un triunfo en primera vuelta, con una muy buena cantidad
de votos (47%). Lo particular es que mucho de ese triunfo se debe al liderazgo
de Cristina, poseedora del capital político mayoritario.
Pero Alberto aglutina sectores que
estaban fragmentados hasta el momento de su candidatura. Un claro ejemplo es el
apoyo de Massa, clave para la aplastante victoria de Kicillof en PBA y con ello
la del Frente de Todos en su conjunto. Alberto es el condensador de demandas
sociales heterogéneas y, por lo tanto, de los distintos grupos políticos que
las encabezan. Planteémoslo de otro modo. La idea de unidad era una condición objetiva
y necesaria para vencer al macrismo en las urnas y allí cada sector dejó sus
demandas.
La presencia de Cristina asegura el
apoyo del kirchnerismo, apoya y se recuesta sobre el comando del hijo pródigo.
El massismo pensó que, en un país presidencialista y peronista, la última palabra
se pronuncia en Olivos. Los jefes provinciales del Partido Justicialista, que
Alberto es más dialoguista y compañero para
manguear recursos que Cristina.
Ahora bien, suena el silbato y los
jugadores se mueven, incluso con una pandemia de escala global que liquida
vidas y ahoga la economía.
El rápido reflejo del Gobierno Nacional
para dictar el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) y su
pedagogía para explicar el diagnóstico y las razones del tratamiento hicieron crecer
la imagen de Alberto Fernández hasta un nivel difícil llegar. Para sostener una
parte considerable de ese capital político, el Presidente deberá demostrar
ductilidad para que los desbordes, por pequeños que parezcan –apertura de
bancos con largas filas de jubilados- no impacten de lleno en los cimientos de
ese castillo. Que los ladrillos no se conviertan en naipes.
Los pocos kilómetros recorridos hasta
el momento van dando nitidez a su estilo político. Conversa con todo el arco
político, sienta en la mesa a Kicillof y Larreta, a Negri y Máximo. Massa es su
comodín en la Cámara Baja y Cristina en el Senado. Atiende las demandas de
todos los gobernadores. El hombre que escucha y acuerda en un contexto que no
deja margen para las dudas.
Aquí se puede ver una diferencia
sustancial con los liderazgos tradicionales dentro del peronismo. Cuando
Alberto despeja cualquier idea de “albertismo”
en su cabeza y, en su lugar, coloca al frentetodismo
está dando cuenta de un cambio en el estilo de liderazgo. Lo que Eduardo
Fidanza señaló hace poco tiempo como un desplazamiento de liderazgos
carismáticos (Cristina, Macri) hacia otros más de tipo administrativo o de consensos
instrumentales[1].
Este tipo de liderazgo debe ubicar
sobre el tablero un conjunto de teclas que le permitan reemplazar la
verticalidad decisionista por el diálogo. En el video publicado el 18 de mayo
de 2019, Cristina señala “está claro que
la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia de la que haya ganado las
elecciones”. Es probable que en ese momento haya estado en su cabeza una
administración del poder de este tipo.
Así, el desafío más importante que
tiene por delante Alberto Fernández es el de contener.
Por un lado, integrar desde lo social esos
dos peronismos que siguen fragmentados en la vida cotidiana. Por un lado, el “moyanismo
social” como lo define Martín Rodríguez, la clase media asalariada y (semi)
formalizada que se fortaleció durante la década ganada del kirchnerismo. Esos
grupos que, a fuerza de impuesto a las ganancias, pérdida del salario real y un
discurso “garantista”, le soltaron la mano y fueron contenidos por el Frente
Renovador durante 2013-2017. Por el otro, los sectores más vulnerables.
Aquellos que conviven con el peligro de la informalidad, obligados a sujetarse fuerte
en el Estado para no terminar de ser abatidos por la pobreza. Esos distritos
donde Cristina probó su potencia electoral bajo la figura de Unidad Ciudadana.
Esta lectura de la sociología política
argentina también es analizada por el Ministro de Desarrollo Social, Daniel
Arroyo, al señalar la coexistencia de cuatro argentinas en su población: 25% de
pobreza estructural con generaciones de padres y abuelos pobres, niveles de
NBI); 35% en situación permanente de vulnerabilidad (viven del ingreso diario,
changas, venta callejera); 35% clase media con trabajo formal, público o
privado; 5% clase alta. La política identifica esta esta situación y construye
discurso sobre ella. La grieta es social, no política, sostiene Arroyo[2]. Allí se da la
representación de ese universo sociológico. El Frente Renovador y el
kirchnerismo disputándose los carriles de los extremos en la fundamental Provincia
de Buenos Aires; y los liderazgos justicialistas de las provincias (Schiaretti,
Perotti, Uñac, Bordet, Capitanich, Ziliotto, entre otros). Además, estos
universos son atravesados por las organizaciones procedentes del mundo del
trabajo: sindicatos y movimientos sociales.
Si aceptamos que en 2015 la Argentina
era evidentemente distinta de la del 2011; o que, tras los cuatro años de
macrismo, la situación social aparece transformada dramáticamente en 2019, no
hay razón para pensar en el futuro cercano la situación no se agrave. A la fecha,
el Gobierno Nacional prevé una caída de más-menos 6 puntos en el PBI, lo que
sería solamente superado por la crisis de 2001-02. En efecto, grandes sectores
de la población caerán nuevamente en la pobreza. ¿Cómo se responderá ante ese
descontento? Aquí aparece la principal dificultad que tendrá que afrontar
Alberto Fernández y el Frente de Todos.
Para ser claros, si partimos de una
premisa en la cual el universo social se encuentra partido (agrietado) por la
realidad material y sobre esas ranuras se construye discurso político en busca
de representación, no se puede perder de vista que la política deberá tener una
respuesta satisfactoria para los tiempos que vendrán. Tal respuesta deberá
combinar eficazmente una narrativa y, sobre todo, una materialidad que contenga
la situación social y evite los desbordes. Desborde que puede ser canalizado
institucionalmente o puede tener un impacto de lleno en la movilización social
y en la calle.
Se suele escuchar que la coyuntura te pasa por encima. Alberto
está piloteando una dramática tormenta de deuda y pandemia de una manera
extraordinaria, digno de resaltar. Sin embargo, ese tan imaginado mundo post
pandemia abrirá paso a la disputa sobre cómo repartir las pérdidas económicas. En
esa instancia no se puede esperar que este dilema se resuelva a través de la
racionalidad existente, donde lo lógico y
aceptable es premiar a los mismos “ganadores” de siempre, a costa de
pisotear más a los perdedores. Durante la era Macri el salario real cayó
alrededor del 20%, mientras que la valorización financiera tuvo su propio timbapalooza generando una formación de
activos externos de unos 86 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe
publicado por el BCRA recientemente.
En ese futuro la sociedad en general -y
buena parte de la base de apoyo del actual gobierno, en particular-, se
encontrarán en serios problemas económicos y una peor calidad de vida. Por lo
tanto, es posible que los logros materiales y simbólicos (buen acuerdo por la
deuda o un fundamental cuidado sanitario para evitar la pérdida de vidas) no
sean suficientes para garantizar su apoyo.
En varias oportunidades Dilma Rouseff señaló
que, al asumir su segundo mandato presidencial, designó al frente del
Ministerio de Hacienda a un economista ortodoxo (Joaquim Levy) para agradar a
los mercados y a los principales capitales de Brasil. En consecuencia, se
tomaron medidas económicas contrarias a las de sus bases de apoyo más
importantes. Esto motivó que algunos de los sectores sociales y del trabajo
perjudicados participaran en las marchas en contra del gobierno del PT junto a
las clases medias y altas. Finalmente, este proceso fue capitalizado por la
derecha brasilera que llevó adelante el proceso de impeachment a Dilma
y, finalmente, a su destitución. Años más tarde, la ex presidenta se
arrepentiría de aquellos pasos errados.
Lo que se pretende exponer es que las
medidas de auxilio a los grandes capitales nacionales y transnacionales no
pueden ser a costa de una especie de chantaje en el que se negocian puestos de
trabajo o salarios. Grandes empresas que suspenden y despiden trabajadores son
las mismas que corren desesperadamente para hacerse de subsidios estatales. Más
aún, si esos subsidios millonarios se dan en el contexto de aumentos de haberes
jubilatorios de subsistencia o, nuevamente, salarios que día tras día pierden
posición frente a la inflación.
Es cierto, el ajuste lo provoca la
pandemia, no el Gobierno argentino por el aislamiento. Pero no es real que
todos estemos en el mismo barco. Como me dijo un amigo: estaremos todos en la misma tormenta, pero una élite la soporta en el
Titanic, algunos en una canoa y otros, literalmente, se están ahogando. En
tal sentido se torna necesario establecer un horizonte preciso sobre lo que el
peronismo viene a aportar en los tiempos que vienen. Si se pretende que algo
cambie estructuralmente no se puede seguir haciendo lo mismo. Por definición,
el status quo favorece a los poderosos.
Durante las últimas semanas
aparecieron voces que plantearon la participación del Estado en grandes
empresas a cambio de subsidios o ayudas financieras solicitadas por estas. Cabe
recordar que tales beneficios económicos se otorgaron en función de hacer frente
a problemas tan básicos y urgentes como es el pago de salarios y las cargas
sociales de sus empleados, principal sostén de las actividades que se
desarrollan en esas firmas. Más allá de esta propuesta o del cobro de un
impuesto por única vez para las grandes fortunas, es necesario plantear una
contraprestación por parte del capital hacia el sector del trabajo que está
poniendo el hombro en esta etapa tan difícil, así como el período de gobierno
de Macri.
Desde otra perspectiva ideológica, Pablo
Gerchunoff recientemente publicó un artículo muy interesante. El autor parte de
la idea de que en la sociedad argentina radican dos utopías, la de la justicia
social y la de la movilidad social. Gerchunoff menciona que el salario real de
la clase obrera argentina es alto en función de la estructura productiva del
país, en consecuencia, necesita exportar
para satisfacer sin chocar contra la pared las demandas asociadas
históricamente a su nivel de vida (sic). En ese sentido, sugiere un pacto
entre el capital y el trabajo, en el cual este último limite (resigne) salario real, a cambio de participación en las
futuras ganancias por productividad. También menciona otra opción, ceder salarios en dólares a cambio de
propiedad accionaria. Lo que el autor enfatiza como fundamental es la
necesidad de encontrar una solución política que crear una alianza exportadora
y dar rienda al crecimiento sostenible.
Visto estos elementos, el peronismo tiene
la misión de abordar estas complejidades: cómo generar un crecimiento sostenido
e inclusivo, cómo conciliar intereses diversos (muchas veces contrapuestos) en
el presente para el logro de objetivos futuros. La elección de los posibles
caminos también es parte de la solución política para modificar la estructura
de incentivos económicos y sociales que no dan resultados en términos de
equidad y justicia social. La pandemia y la puesta en marcha de esa coalición más amplia que la que gane las
elecciones a la que
Cristina hizo referencia, son una oportunidad para discutir los núcleos de la
desigualdad y el estancamiento que caracterizan a nuestra sociedad. Eso sí,
esas respuestas deben considerar que el sector más débil no continúe resignando
ingresos y, con ello, condiciones de vida. Revisando épocas recientes y el
contexto actual, esto último ya no solo es deseable, es necesario. Porque, como
también alertaba Cristina, nuestro pueblo ya no resiste una nueva frustración.
Comentarios
Publicar un comentario