Demagogia Punitiva

Demagogia punitiva

Para oficialistas y opositores las elecciones de este año son determinantes, tanto en términos políticos como institucionales. La retórica dirigida hacia la “pesada herencia” agota a un electorado que desea ver resultados concretos. En el plano económico, quizás el más gravitante, el gobierno sólo puede ofrecer promesas futuras después de un penoso 2016 en el que aumentaron los niveles de desempleo, inflación y caída del producto.

Por lo tanto, a falta de soluciones para algunos problemas, encontrar problemas para aplicar soluciones puede ser una salida redituable. Esta parece ser la estrategia de Macri y en torno a la misma gira el decreto 70/2017 emitido el último lunes. En este contexto se recurre a un tema clásico por parte de la derecha: señalar una relación intrínseca entre inmigración y delito.

Para abordar tal medida recurrimos al análisis realizado por Sol Amaya en esta  nota publicada en La Nación y al del CELS que aparece aquí. Intentaremos no ser repetitivos ni pecar de plagio respecto a los datos allí vertidos, por eso recomendamos entrar a los links señalados. En sendos artículos aparece la misma evidencia, a saber:

Según el último censo de 2010, en Argentina viven un total de 1.805.957 millones de inmigrantes, es decir, el 4,6% de la población. En términos porcentuales no parece ser un valor alto. Asimismo tal número se sitúa dentro de los niveles históricos más bajos de nuestro país, solo habiendo sido superado en 2001, cuando los inmigrantes representaban el 4,2% de la población.

Centrándonos específicamente en la población proveniente de países limítrofes, esta representa el 2,1% del total. Lógicamente esta cifra no contempla a la comunidad peruana. Sin embargo es de las poblaciones más caudalosas y generalmente comparte el podio de críticas discriminadoras y racistas junto con las personas oriundas de Paraguay y Bolivia. En este sentido, integrando a los peruanos/as al análisis (aunque solamente con datos censales de 2001 y 2010) el porcentaje asciende a 3,5%.

De esta forma destacamos dos elementos:

1) No hay demasiada variación en términos de la relación inmigrantes/población argentina.

2) Sí hubo una variación en cuanto a la composición de los grupos migrantes. Mientras que la Argentina tuvo un crecimiento demográfico entre 2001 y 2010 del orden del 10,64%, la población inmigrante desde países limítrofes lo hizo a un 34,86%. Contando también los de nacionalidad peruana, la cifra trepa al 38%,67. Con lo cual, la población proveniente de países limítrofes se incrementó a un ritmo más de tres veces superior al crecimiento demográfico argentino.

Inmigración y delito

Hasta acá solamente hemos visto algunos datos concretos pero muy generales acerca de la inmigración, aunque nada indica que existan lazos necesarios entre estos grupos y el delito.

En principio, es preciso destacar que en Argentina la población inmigrante que se encuentra detenida es muy muy pequeña: 4307 de casi 1,8 y 2 millones de inmigrantes, es decir, cerca del 0,24% del total. El sistema carcelario se divide entre el Sistema Penitenciario Federal (SPF) y las penitenciarías jurisdiccionales o provinciales.

Según el Informe Nacional y Provincial del Sistema Nacional de Estadísticas sobre ejecución de la pena (SNEEP), para el año 2015 el SPF albergaba 10.274 personas, mientras que la suma de todas las provincias era de 62.419, lo que arroja un total de 72.693 de detenidos en Argentina. Por lo tanto el SPF representa tan solo el 14,13% del total de presos en el país, mientras que las provincias sustentan el 85,87% restante. Es por eso que muchos especialistas – entre ellos Amaya y desde CELS- criticaron las declaraciones engañosas de la ministra de seguridad, cuando en una entrevista radial puso especial énfasis al afirmar que se pasó “del 6% de presos en todo el país, de presos que robaron o asesinaron o cometieron el robo del celular o una bicicleta al 33%. Quiere decir que la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país y ahí es donde queremos apuntar”.  

Cuando Bulrrich plantea esa cifra se enfocó solamente en aquellos detenidos que permanecen en cárceles del Sistema Penitenciario Federal. “Es el 33 por ciento si se mira el narcotráfico solo en el Servicio Penitenciario Federal, que representa solo el 15 por ciento del total de detenidos del país. Si se ve la misma imagen global de donde saca el 6 por ciento, es un 17. Ya estamos en la mitad”, explican Diego Morales y Manuel Trufo (CELS) en la entrevista realizada por Victoria Ginzberg publicada en Página12 el domingo.

En números limpios, el 17,5% de los detenidos por ley de drogas son extranjeros. Sin embargo, además de que es considerado delito federal “…es esperable que en un delito como narcotráfico haya una mayor representación de extranjeros. Pasa en todo el mundo, porque es un delito que tiene un componente transfronterizo. Entre 40 y 50 por ciento de los argentinos presos en el extranjero están presos por narcotráfico”, dicen desde el CELS.

También cabe aclarar que la categoría de “narcotráfico” se encuentran todas las violaciones a la ley 23.737 (de drogas), es decir, para la estadística Mi Sangre (NdR: conocido narcotraficante colombiano detenido en Pilar, extraditado luego a Estados Unidos) comparte el mismo rango con cualquier eslabón inferior de la cadena de tráfico, por ejemplo un cultivador de marihuana.

Los datos nos permiten dar cuenta de un cierto diagnóstico y, en consecuencia, sacar algunas conclusiones sobre la medida impulsada desde el Poder Ejecutivo.

1- Las cifras de inmigrantes que viven en nuestro país no parecen ser alarmantes, sobre todo si se tiene en cuenta los niveles históricos.

2- A su vez, los porcentajes de inmigrantes en la totalidad de la población presidiaria tampoco componen una cifra considerable que amerite un decreto de necesidad y urgencia sin previa discusión legislativa.

¿Y entonces…?
Claramente el principal objetivo es electoral. Como señalamos al comienzo, entramos en un año decisivo para el gobierno. El frente Cambiemos difícilmente puede mostrar un buen desempeño en la mayor parte de las áreas que motive y renueve expectativas, ya sea para conservar su electorado o para ampliarlo. En este contexto, se apunta a la problemática de la (in) seguridad debido a que es un tema sensible para la opinión pública, además de que se podría estar matando dos pájaros con una misma bala. 

Por un lado, cualquier modificación de la ley penal y/o migratoria debe pasar por el Congreso de la Nación donde, nada casualmente, este año se renuevan autoridades. Con lo cual se traslada la solución del problema a la esfera legislativa y se apuesta a obtener un buen resultado que permita hacer efectiva dicha solución.  En segunda instancia el candidato que mayor peso le otorga a la cuestión punitiva es Sergio Massa. De este modo, el gobierno acentúa la competencia con el FR con quien comparte una porción del electorado y le quita la iniciativa de un tema central en su agenda.

¿Por qué un DNU?

Lo primero que hay que decir es que el DNU es inconstitucional por donde se lo mire. Según el artículo 99 de la CN inciso 3 “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.”

Vimos que no hay tal situación de necesidad y urgencia y, lo más importante, es que el PEN no puede emitir un DNU legislando sobre materia penal. Está claro que el gobierno no desconoce este punto pero busca poner el tema en agenda por la fuerza, interpelando inevitablemente a los demás sectores políticos a manifestarse al respecto. De este modo también pretende arrinconar al kirchnerismo a sabiendas de que seguramente se mantenga en la vereda opuesta del decreto. La Comisión Bicameral deberá explayarse oportunamente. 

Conclusiones

A lo largo de esta columna hemos señalado un breve diagnóstico de la situación del inmigrante nuestro país y del lugar que ocupa en el sistema penitenciario. Esbozamos algunas hipótesis acerca del móvil político del gobierno, y por qué creemos que se eligió un DNU como instrumento para esta clase de acción.

Por último, aclaramos que no se analizó la medida ya que la motivación de esta columna fue analizar el incentivo político de tal medida. De todos modos en las fuentes citadas se abordan en detalle los cambios puntuales del decreto.

Resta un apunte al respecto. La decisión de ir contra los grupos migrantes no es nueva en el PRO. Siendo Jefe de Gobierno en la C.A.B.A. Macri ha manifestado su animosidad para con los inmigrantes de países limítrofes, ligándolos con el narcotráfico o con un uso indiscriminado de la salud o la educación pública “gratis”. Es evidente que hay un estado de opinión en la ciudadanía acerca de que la inmigración procedente de países como Bolivia, Paragay y Perú está en constante aumento y, además, se dedica a actividades ilegales. En el primer caso esa percepción se ancla en datos de la realidad, lo segundo, no obstante, es rotundamente falso y hasta hipócrita.

Esta semana Poliarquía publicó una encuesta donde afirma que hasta el 83% de los consultados está a favor de esta clase de medidas. Más allá de que las propias preguntas al entrevistado sugieren las respuestas - por ende sus conclusiones son discutibles- muestra a las claras un estado de opinión que puede acentuarse, aún más si comunicadores y funcionarios las reproducen como verdades imbatibles (van der Kooy la expuso en su columna de Clarín bajo el título "el 83% apoya loscontroles migratorios”).

El gobierno surfea constantemente sobre estos datos de opinión y se interesa por “hacer lo que la gente dice”. Sin embargo, la estrategia de demagogia punitiva es muy peligrosa, sobre todo si se busca un chivo expiatorio para los males de la sociedad (desempleo o inseguridad) lo cual puede conllevar consecuencias nefastas. En general, las manifestaciones xenófobas y racistas se mantienen latentes hasta que actores con cierta relevancia política las activan, generalmente en períodos de crisis económica e inestabilidad social, y luego toman una fuerza difícil de controlar generando un detestable clima de violencia.

Quien escribe estas líneas está de acuerdo con un control más estricto en las fronteras. Cualquier persona que ha transitado por un paso fronterizo conoce muy bien la porosidad de los mismos. Eso no significa bajo ningún punto de vista establecer un marco prohibitivo que anule las garantías constitucionales de las que gozan las personas provenientes desde el extranjero, sino aumentar los niveles de institucionalidad, no solamente para que el estado pueda controlar esa población, también para poder brindarles soluciones sobre bases confiables e incrementar su condición de ciudadanos.

Demagogia es desconocer que la justicia ya contaba con herramientas para la expulsión de inmigrantes presos o para prohibir su ingreso al país. Habrá que estar alerta para ver como se implementa la medida ya que, como señala Morales, “esto puede alcanzar situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o los que corten una calle. No importa la suerte de esa persona en el proceso penal, el dato que importa es tener algún tipo de imputación”. Hemos visto el accionar represivo de la policía frente al conflicto de los manteros y vendedores ambulantes de Once. El DNU 70/2017 apunta a crear una legalidad que fundamente ese tipo de actos.